La dinámica del escenario político venezolano actual y su profunda crisis estructural en todos los órdenes, parece acercarnos progresivamente a un abismo de violencia y de disolución de los necesarios vínculos institucionales que se dio el país con la Constitución de 1999, reconocida como una de las más garantistas y progresistas conocidas del continente americano, que hoy se promueve su extinción con el llamado a una nueva Constituyente formulado por el presidente Maduro como medida necesaria para devolver La Paz al país.
Es importante señalar que, haber logrado la Constitución de 1999 ser refrendada en cada una de sus etapas y aprobada por casi el 72% de los electores, fue la más grande victoria obtenida por el Presidente Chávez en su mandato, convertido en su legado para el pueblo. Esta constitución es pionera en reconocer los derechos de los pueblos indígenas y de los ciudadanos, de vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, empeñada en lograr los mecanismos que garantizan la soberanía alimentaria y en general, incluir al pueblo en la toma de decisiones políticas trascendentales para su futuro.
Como era de esperarse, en este caldeado debate surgen de inmediato posiciones de constitucionalistas que ven con recelo la inusitada celeridad con que el ente rector electoral ha respondido al llamado y a la organización de la constituyente planteada por el ejecutivo nacional.
Queremos reiterar, como en programas anteriores, que si la finalidad medular de esta Asamblea Nacional Constituyente es preservar la paz, debemos crear las condiciones para que ésta exista como tal; no obstante observamos planteamientos que nos llaman la atención: en las bases comiciales entregadas el pasado 23 de mayo al Consejo Nacional Electoral, no se estipula el tiempo que durará la Constituyente, y vemos como por parte de connotados voceros y comunicadores políticos se lanzan amenazas de utilizar esta reforma para neutralizar instituciones como la Asamblea Nacional y el Ministerio Público, por advertir los inconvenientes de la celebración de un proceso de tal magnitud, ante mecanismos establecidos en nuestra constitución con menores riesgos de dividir más a nuestros ciudadanos.
Para terminar este editorial tomamos de la declaración de la organización ANROS un fragmento de su mensaje al país: Cito…”Aspiramos que la citada convocatoria siga la tradición sembrada por el comandante Hugo Chávez y por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el sentido de consultar al pueblo venezolano como depositario de la soberanía por vía de referéndum, la convocatoria de la citada ANC y su posterior ratificación en consulta popular de manera universal, directa y secreta….y por la importancia del tema, no basta la legalidad, sino que se requiere también la legitimidad para que cumpla con el cometido de preservar la paz entre todas y todos los venezolanos.
Como líderes políticos responsables hagamos del juego democrático la norma, basados en el reconocimiento y respeto hacia el otro, permitiendo que la tradicional fraternidad que ha regido entre venezolanos y venezolanas florezca, coadyuvando a rescatar el sosiego y la tranquilidad que se requieren para que juntos, las y los venezolanos enfrentemos los problemas estructurales que hoy afronta nuestro país”. Fin de la cita.
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