Los economistas encienden las alarmas. Aseguran que la Carta Magna actual, guarda aspectos económicos fundamentales susceptibles a ser modificados, lo que limitaría las condiciones productivas y daría “carta blanca” al Ejecutivo para el endeudamiento, venta de bienes y otros.
El llamado presidencial a Asamblea Nacional Constituyente despierta la preocupación de sectores en el país. La consumación de dicho propósito, según análisis de expertos, daría rienda suelta a un grupo ideológico de la nación para volver las prácticas inconstitucionales vigentes, procesos permitidos en una nueva Constitución.
Los economistas encienden las alarmas. Aseguran que la Carta Magna actual, guarda aspectos económicos fundamentales susceptibles a ser modificados, lo que limitaría las condiciones productivas y daría “carta blanca” al Ejecutivo para el endeudamiento, venta de bienes y otros.
Al respecto fue consultado el experto Orlando Ochoa, quien subrayó que la manera como se plantea el proceso, genera incertidumbre en aspectos económico, social, petrolero y financiero, ya que según las modificaciones que se realicen, habrá cambios importantes en el escenario venezolano.
En medio de la crisis del país, en la cual el gobierno presenta serias dificultades para atender la necesidad de divisas para servicio de deuda, importaciones requerimientos de PDVSA y control cambiario; con una inflación que supera el 800 % y un déficit fiscal financiado por el Banco Central de Venezuela (BCV); se teme entonces que hayan ajustes a favor del comportamiento que ha venido mostrando el Ejecutivo.
El sector privado demanda seguridad jurídica e insumos importados, sin embargo, los economistas cuestionan que las posibles modificaciones atiendan los llamados que durante varios años han hecho los sectores económicos. A esto se suma una nueva amenaza de congelación de precios, lo cual agudizará la escasez y otros males.
“No harán nada distinto a lo que ya han venido haciendo”, expresó Luis Oliveros, economista y docente de la Universidad Central de Venezuela (UCV), para quien la convocatoria sólo generará más lío político.
-Nada indica que tomarán medidas económicas diferentes, que habrá mayor cantidad de divisas, alimentos y medicinas, o que se aplicarán políticas antinflacionarias que ataquen el problema.
Reconoció ser “pesimista” y lamentó que el escenario hacia el futuro no incentive la producción nacional.
Aspectos que en la práctica carecen de legalidad, se les dotaría de rango constitucional. Entre estos el sometimiento y financiamiento del BCV, al Gobierno y el gasto público.
“Se podría hablar de endeudamiento del Gobierno sin pasar por la revisión de la Asamblea Nacional… Sería una Constitución que le daría al Ejecutivo poderes de otras instancias como la Asamblea o de entes descentralizados, lo cual es un peligro. Se les daría el control absoluto de la economía, lo que generaría más incertidumbre y problemas”, comentó el docente universitario quien señaló que también se intentaría reformar los aspectos legales de las empresas.
Los artículos de la Constitución, que versan sobre decisiones petroleras, gasto público y otros, pueden ser alterados en este proceso, basado en “una visión marxista del proletariado, empleada como excusa de los gobiernos”.
Proporción desigual
El proceso anunciado por el Presidente, dice tener como objetivo económico sentar las bases de la economía post rentista; y como propósito político, construir la paz del país. Sin embargo, Ochoa subrayó que se trata de una convocatoria con múltiples fallas.
Con base en lo establecido en la Constitución para la consulta, que exige la expresión universal, directa y secreta del voto, indicó que se trataría de “bases electorales fraudulentas”.
La propuesta presidencial plantea segmentaciones por categorías ocupacionales selectas, es decir, grupos establecidos “bajo criterios ideológicos clásicos del marxismo”, como grupos campesinos, estudiantes, obreros, incapacitados y otros; se trata de apenas algunas fracciones que resultan discriminatorias para el sector laboral.
La medida propuesta, que beneficia a conformaciones como los consejo comunales con la elección de 250 constituyentistas, desvirtúa entonces la representatividad venezolana.
La otra mitad del bloque sería electa por el voto universal y directo. Sin embargo, en estos comicios también participaría el oficialismo, lo cual podría garantizarles una mayoría oportuna. Para Oliveros la proporción dispuesta, que facilitaría al Gobierno lograr una mayoría constituyentista, es un aspecto clave.
Acuerdos en desarrollo
Al consultarle a Ochoa si por el desarrollo de la Asamblea Constituyente se verían afectados acuerdos económicos en proceso o habría congelación de sus condiciones, indicó que el punto no ha sido definido y que, Hermánn Escarrá, negó que fuese así. Sin embargo, faltan esta y otras aclaratorias.
Sostuvo que la selección intencionada introduce un sesgo en el proceso, en medio de una fuerte dinámica de deterioro del aparato productivo.
Es de recordar que Venezuela también atraviesa un declive en su producción petrolera e imposibilidad de compensar las pérdidas; con el proceso constituyente se agravará la situación económica.
Para Oliveros, asignarle más facultades al Ejecutivo, aumentará también el riesgo país.
Los llamados de los sectores productivos, para mayor seguridad jurídica serían inútiles y “la poca garantía existente disminuiría o desaparecería por completo”.
Maniobra política
Ochoa calificó la propuesta como “una maniobra política para ganar tiempo y postergar las elecciones de gobernadores y alcaldes y hasta posibles presidenciales”.
Consideró el proceso como “un enorme sacrificio para el país” por “decisión de un grupo de gobernantes que quieren prolongar su estadía en el poder”.
Por el contrario, el país requiere de estabilidad macroeconómica y seguridad jurídica, como parte de un plan de recuperación del país.
