El retiro de Venezuela de la Organización de Estados Americanos (OEA), proceso que se iniciará este jueves, se decidió tras un año de acciones destinadas a activar la Carta Democrática contra el país a través de debates que no contaban con aval de la nación suramericana, donde no existe ruptura del hilo constitucional, condición indispensable para aplicar el instrumento.
El 28 abril de 2016, el secretario general del organismo, Luis Almagro, recibió a un grupo de parlamentarios de la llamada Mesa de la Unidad (MUD), que insistían en la promulgación por parte del Ejecutivo de instrumentos como una ley —declarada inconstitucional— que perdonaba delitos como actos de terrorismo. Tras esa reunión, indicó que activaría contra el país la Carta Democrática Interamericana, sin cumplirse las condiciones establecidas.
Tal pretensión fue rechazada por la canciller de la República, Delcy Rodríguez, quien intervino en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA el 5 de mayo para repudiar la actuación de Almagro, quien pidió activar la carta contra el país el 31 de mayo con un informe sustentado con notas de prensa.
El 21 de junio, la canciller Rodríguez acudió a una sesión del consejo permanente con José Luis Rodríguez Zapatero, acompañante del proceso de diálogo impulsado por el Ejecutivo, para exponer el alcance de las conversaciones en las que también participaban sectores de oposición.
Dos días después, se sometió a debate el informe de Almagro con la intención de activar la carta, pero la propuesta obtuvo 12 votos en contra, una abstención y dos ausencias, insuficientes para aplicar el instrumento contra Venezuela.
"Es una decisión histórica lo que se ha dado hoy, 19 votos a favor habla mucho de cómo han madurado y evolucionado los países, y han ratificado su soberanía y su independencia", dijo la Canciller Rodríguez en aquella oportunidad.
En 2017 se repite el escenario
El 7 de febrero pasado, Almagro indicó que descartaría intentar aplicar la carta democrática si el Vaticano mantenía su acompañamiento en el diálogo iniciado en octubre entre el Ejecutivo y la oposición, sector que decidió abandonar el proceso bajo alegatos como incumplimiento de acuerdos.
Tres días después, el secretario general de la OEA se reunió nuevamente con un grupo de diputados de la MUD a la Asamblea Nacional (AN), declarada en desacato en julio de 2016 por incumplir órdenes judiciales, y anunció que iniciaría las gestiones para aplicar la carta, aunque el papa Francisco expresara su disposición de acompañar las conversaciones iniciadas tres meses antes.
El 14 de marzo, Almagro presentó otro informe sobre Venezuela y solicitó sin la anuencia del gobierno debatir la situación interna del país. Dos semanas después, el día 28, se abordó el tema a solicitud de Belice, Guyana, Canadá, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Barbados, Bahamas, Santa Lucía y Jamaica.
Esos 20 países presentaron un documento que, al igual que el informe de Almagro, pretendía abrir el camino a la activación de la carta. El texto "más bien representa una violación del derecho internacional, por eso no los podemos reconocer con participantes de buena voluntad, porque ustedes con ese comunicado están promoviendo un golpe de Estado en el país", respondió el embajador venezolano ante la OEA, Samuel Moncada, tras la presentación del texto en la sesión.
Tras el debate, el presidente del Consejo Permanente para aquel momento, el beliceño Patrick Andrews, dijo que las intervenciones de las delegaciones serían incluidas en el acta final. Luego se levantó la sesión, que terminó sin que se aprobara la activación de las gestiones para la aplicación de la carta.
El 1 de abril, el diputado Julio Borges —electo presidente de la AN en medio del desacato en que se encuentra el Poder Legislativo— entregó a Almagro otro informe sobre la situación del país, como parte de la campaña internacional que pretende señalar que en Venezuela hay una ruptura del orden constitucional.
Ese día, comenzó la presidencia pro témpore frente al consejo permanente de Bolivia, que suspendió la sesión convocada el 3 de abril para debatir otra vez sobre Venezuela, pues no estaba clara la agenda de discusión. A pesar de la decisión, 21 países decidieron desconocerla y abrieron en debate, que fue rechazado por la delegación venezolana y la boliviana, por contravenir las normas de la organización.
En el debate, que se realizó el mismo día que los diputados de la MUD William Dávila y Luis Florido estaban en la OEA, 17 países estuvieron a favor de aprobar resolución para activar la carta, cuando se necesitaban 18 votos, la mayoría simple.
Este miércoles, se realizó otra discusión para aprobar una reunión de cancilleres sobre Venezuela nuevamente sin el aval del país. Dados los precedentes, la nación suramericana decidió finalmente retirarse de la organización hemisférica, proceso que tomará dos años.
"El retiro de esta organización tiene que ver con la dignidad de nuestro pueblo, de la doctrina bolivariana, que defiende al multilateralismo", enfatizó en Caracas la canciller Rodríguez, quien recalcó que el secretario General de la OEA, Luis Almagro, ha reeditado el expediente intervencionista que desde la organización se ha llevado a cabo desde su fundación, para apoyar golpes de Estados en naciones soberanos e invasiones militares.
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